El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que si el Congreso aprueba su censura y su eventual sucesor no obtiene el voto de confianza, la presidenta Dina Boluarte podría disolver constitucionalmente el Parlamento. La declaración, emitida en medio de una creciente fricción entre Ejecutivo y Legislativo, no fue bien recibida por diversos sectores del Congreso.
“Censurado Adrianzén, al entrante no le dan la confianza, a partir de ese momento, constitucionalmente, la presidenta […] puede disolver el Congreso”, sostuvo el premier, recordando que al no encontrarse en el último año de mandato, dicha acción sería legal. Sus palabras fueron vistas como una advertencia velada y encendieron el debate político en el Legislativo.
Hasta el momento, 58 congresistas han firmado las mociones de censura en su contra. Solo faltan ocho votos para alcanzar los 66 necesarios para destituirlo del cargo. Entre los firmantes hay representantes de diez bancadas y cinco congresistas no agrupados, lo que evidencia un frente amplio en su contra.
Las mociones se sustentan en dos acusaciones clave: su supuesta responsabilidad política en la masacre de 13 trabajadores en Pataz y su manejo deficiente de la crisis de inseguridad ciudadana. La votación sobre su posible censura está programada para la próxima semana, en un clima de alta tensión política.
