El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su preocupación por la actual fragilidad institucional del país, remarcando que su postura no busca blindar a la presidenta Dina Boluarte, sino proteger la figura presidencial como pilar de la democracia. Señaló que, de acuerdo con la Constitución, un presidente solo puede ser acusado en casos excepcionales, y que respetar esta norma es clave para garantizar la estabilidad política y el desarrollo económico.
Gutiérrez advirtió que la democracia peruana enfrenta dos amenazas graves: la autocracia y la anarquía, presentes tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. En ese contexto, afirmó que cuando las instituciones pierden legitimidad, los poderes fácticos ganan terreno, debilitando el estado de derecho. Por ello, exhortó al Parlamento y al Gobierno a priorizar decisiones que refuercen la institucionalidad.
Respecto a la situación de la presidenta Boluarte, recordó que ya enfrenta 25 denuncias constitucionales, lo que —según dijo— desmiente cualquier intento de favorecerla personalmente. “Se trata de resguardar la institucionalidad, no a una persona”, subrayó.
Finalmente, el defensor criticó duramente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al considerar que ha incentivado la informalidad y obstaculizado la lucha contra la minería ilegal. Propuso su derogación inmediata y una reingeniería normativa que permita diferenciar lo informal de lo ilegal. “Bajo la informalidad se escudan los ilegales, y eso daña profundamente a la sociedad”, concluyó.